Alberto Bochatey
PARA LA NACION
29 de febrero de 2020
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan en el mundo entre 40 y 56 millones de abortos. Haciendo una media de 48 millones por año, son 132.000 abortos por día, 5500 por hora, 92 por minuto...
Si estas cifras de muerte fueran referidas a las ballenas, a los osos pandas o a cualquier otro animal o especie, ¿se imaginan las campañas internacionales que existirían para denunciar y prohibir este exterminio? Se preguntaron por qué sucede todo lo contrario cuando esto se refiere a seres humanos inocentes y vulnerables.
Incluso ¿por qué ningún movimiento o colectivo feminista o proaborto nunca ha hecho denuncias contra los y las femicidas que matan a mujeres realizando malas prácticas abortivas, con el agravante de haber sido pagados/as?
¿Dónde están sepultados los cuerpos de las mujeres muertas a causa de abortos clandestinos? ¿Qué profesional firmó el certificado de defunción de esas mujeres? ¿Hizo la denuncia para que la Justicia investigue y encuentre a los/las femicidas? El hecho de que existan muertes por acciones delictivas y/o irresponsables de terceros ¿habilita a un grupo de ciudadanos/as a exigir que el orden jurídico y legal de una nación centenaria cambie e incluya, por primera vez en la historia democrática de nuestro país, la muerte legal de inocentes para obtener satisfacción de sus demandas?
¿Qué pasa para que en pleno siglo XXI, en el apogeo de los derechos de la mujer, de las comunicaciones y los tutoriales haya tantas mujeres que quedan embarazadas, generando vidas que quieren eliminar o interrumpir? ¿Quién se atreve a advertir que este no es un problema de salud pública, sino que es un problema de conducta y responsabilidad humanas?
Cierto es que, como todo lo que tiene que ver con la vida, la embriología y la biología, hay dimensiones de salud pública en el tema del aborto. Pero el ser humano no es solo biología, sino que es también "biografía"...
Existen asimismo, y principalmente, dimensiones antropológicas, humanas, emocionales, conductuales y axiológicas. Reducir y centrar el tema en las dimensiones sanitaristas es tener una visión reduccionista, relativista y falsa. Tal vez "políticamente correcta", pero, seguro, humanamente inexacta.
Quienes queremos un país moderno, progresista y libre nos oponemos a ideologías que incluyen como solución para un problema social la muerte de seres humanos: la historia enseña que nunca se ha terminado con un problema en el pueblo eliminando vidas de seres humanos, matando a algunos para que otros resuelvan su dificultad. Mucho menos, como se pretende, imponiendo legalmente un supuesto nuevo "derecho" de algunos/as a eliminar, interrumpir o matar (más allá de la semántica, es lo mismo en este caso) la vida de seres humanos vulnerables e inocentes. "Es urgente una movilización general de las conciencias y un común esfuerzo ético para poner en práctica una gran estrategia en favor de la vida. Todos juntos debemos construir una nueva cultura de la vida: nueva, para que sea capaz de afrontar y resolver los problemas propios de hoy sobre la vida...; nueva, para que sea asumida con una convicción más firme y activa por todos" (EV 95).
Tanto es así que estos grupos proaborto, además de renunciar a un principio democrático y cívico fundamental como es "el derecho a la vida de todo ser humano", el derecho a su propia dignidad, resignan defender el derecho humano fundamental de la libertad de conciencia de todos y cada uno de los ciudadanos. Negar, ignorar o limitar el derecho humano a la objeción de conciencia personal y de grupos que se asocian libremente (principio constitucional de los ciudadanos) para el bien común en el campo de salud es un retraso cultural y democrático lamentable, necio y horrible. El rechazo a participar en la ejecución de una injusticia no solo es un deber moral, sino también un derecho humano fundamental.
Es claro y evidente que el poder político tiene un compromiso con los grupos proaborto y es lícito que lo haga si así lo cree o debe responder por algún motivo a las exigencias de ese lobby. Pero el poder político no puede ceder ante la presión de legitimar delitos o limitar derechos humanos. El poder político es de y para todos los argentinos. Optar por un grupo de ciudadanos olvidando, discriminando o permitiendo que se discrimine a otros ciudadanos es muy grave, antiderecho y antidemocrático. Nada bueno puede salir a fuerza de violencia, agresiones, amenazas, insultos, ofensas y discriminaciones.
El poder político debe garantizar que el Estado no sea de parte: no puede ser católico, o cristiano, o judío, o musulmán, o agnóstico, o laico, o ateo, o contreras. El Estado debe ser "cívico": es decir, de los ciudadanos y de la justicia objetiva. Y los ciudadanos sí son católicos, cristianos, judíos, musulmanes, agnósticos, laicos, ateos, contreras, etc. Las leyes son para todos y mucho más los principios históricos, culturales y democráticos sobre los que hemos fundado nuestra querida Nación.
El tema dramático del aborto no se soluciona con una ley que permita matar, eliminar o interrumpir la vida humana de seres frágiles y vulnerables. El drama del aborto contradice la dignidad de la vida humana que está escrita en el corazón de cada ser humano y es reconocible por la misma razón. Necesitamos encontrar una solución desde la verdad, la razón y la dignidad.
Reconocerá la persona que lea este artículo que me he abstenido de cualquier argumentación religiosa, no porque no las haya, sino para recordar lo que no se dice sobre el aborto y sí, la bioética.
Por: Alberto Bochatey
Obispo auxiliar de La Plata. Comisión de Salud, CEA
FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/lo-que-no-se-dice-sobre-el-aborto-nid2338262
No hay comentarios:
Publicar un comentario